LEY 4938

Provincia de Catamarca
Ley Nº 4938 - (Dcto. Nº 019)
Administración Financiera,
De los Bienes y Sistemas de
Control del Sector Público

Año 1998

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA SANCIONAN CON FUERZA DE LEY:

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 1º.- La presente Ley establece y regula la Administración Financiera, las Contrataciones, la Administración de los Bienes y los Sistemas de Control del Sector Público Provincial.
Las disposiciones de esta Ley serán de aplicación en todo el Sector Público Provincial, el que a tal efecto está integrado por:
a) Administración Provincial, conformada por la Administración Central y Organismos Descentralizados - autárquicos o no-, e Instituciones de la Seguridad Social.
b) Empresas y Sociedades del Estado Provincial.
En las Sociedades Anónimas con participación estatal mayoritaria, las Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado Provincial tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias, esta Ley será de aplicación supletoria en tanto sus Estatutos no prevean expresamente lo contrario.
También serán de aplicación las normas de esta Ley, en lo relativo a la rendición de cuentas de las personas de existencia ideal de carácter privado, a las que se les hayan otorgado subsidios o aportes para un objeto determinado.
En el ámbito del Poder Legislativo y del Poder Judicial serán de aplicación las disposiciones previstas en la presente Ley, sin perjuicio de las atribuciones conferidas por los Artículos 99 y 206 inc. 5), respectivamente, de la Constitución de la Provincia.

ARTICULO 2º.- En el contexto de esta Ley, se entenderá por Entidad a toda organización pública con personalidad jurídica y patrimonio propio; y por Jurisdicción a cada una de las siguientes Instituciones:
a) Poder Legislativo.
b) Poder Judicial.
c) Gobernación, Ministerios, Secretarías de Estado.
d) Tribunal de Cuentas.

ARTICULO 3º.- La Administración Financiera comprende el conjunto de sistemas referidos a la obtención de los recursos públicos y su aplicación para el cumplimiento de las funciones y programas de acción del Estado Provincial.
Las Contrataciones y la Administración de los Bienes del Estado, estarán regidos por el conjunto de principios, normas y procedimientos que mediante su operación permitan obtener, enajenar y administrar los bienes necesarios para cumplimentar las funciones y programas de acción.
El modelo de Control a aplicar será integral y abarcará como mínimo el conjunto de sistemas, tanto administrativos como los relativos a la producción de bienes y servicios, verificando su adecuación a los objetivos generales de esta Ley. Dicho modelo incluirá, entre otros, los instrumentos normativos para el control operativo y de resultados de los distintos sistemas que se prevén en la presente.

ARTICULO 4º.- Son objetivos de la presente Ley y, por lo tanto, deberán tenerse presentes principalmente para su interpretación, aplicación y reglamentación, los siguientes:
a) Garantizar la aplicación de los principios de regularidad financiera, legalidad, economicidad, eficiencia y eficacia en la obtención y aplicación de los recursos públicos;
b) Sistematizar las operaciones de programación, gestión y evaluación de los recursos públicos provinciales;
c) Establecer procedimientos de contrataciones que preserven el interés fiscal, la libre concurrencia, trato igualitario, publicidad y transparencia, en un marco de efectividad y conveniencia económica;
d) Desarrollar sistemas que proporcionen información oportuna y confiable respecto de la actividad financiera del sector público provincial, que sea útil para la dirección en sus distintos niveles y para la evaluación de la gestión de cada área de responsabilidad ejecutiva;
e) Fijar como responsabilidad propia de la administración superior de cada Jurisdicción o Entidad del Sector Público Provincial, la implementación y mantenimiento de:
1) Un sistema contable adecuado a las necesidades del registro e información y acorde con su naturaleza jurídica y características operativas y funcionales; con intervención del órgano rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental.
2) Un eficaz y eficiente Sistema de Control Interno, normativo, financiero, económico y de gestión sobre sus propias operaciones, especialmente en materia de contrataciones y administración de bienes y recursos.
3) Procedimientos adecuados que aseguren la conducción económica y eficiente de las actividades institucionales y la evaluación de los resultados de los programas, proyectos y operaciones de los que es responsable la Jurisdicción o Entidad.
4) Principios, normas y procedimientos que, mediante su operación, permitan obtener y administrar los bienes y servicios necesarios para cumplimentar las funciones y programas de acción.
f) Utilizar los programas de acción, por medio del presupuesto, como mecanismo básico para lograr objetivos, asignar recursos y evaluar resultados;
g) Establecer la responsabilidad de los funcionarios por su gestión, tanto en lo referente a los recursos administrados, como a los resultados obtenidos.
h) Resguardar el patrimonio e intereses fiscales en los diferentes actos y operaciones.

ARTICULO 5º.- La Administración Financiera estará conformada por los sistemas que se enumeran a continuación y que deberán estar relacionados entre sí. Cada uno de ellos estará a cargo de un órgano rector y coordinados todos ellos por el Ministerio de Hacienda y Finanzas:
-SISTEMA PRESUPUESTARIO.
-SISTEMA DE CREDITO PUBLICO.
-SISTEMA DE TESORERIA.
-SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

ARTICULO 6º.- Las Contrataciones y Administración de los Bienes del Estado estarán integradas por los sistemas que se enumeran a continuación:
-SISTEMA DE CONTRATACIONES.
-SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LOS BIENES.
Ambos sistemas serán Coordinados por el Ministerio de Hacienda y Finanzas.

ARTICULO 7º.- A los fines de coordinar el funcionamiento de las unidades ejecutoras de cada sistema, en el ámbito de cada Jurisdicción y Entidad, funcionarán Servicios Administrativos Financieros, quienes mantendrán una relación directa de carácter técnico e informativo con el órgano rector de cada sistema.

ARTICULO 8º.- Serán Ejecutores del Sistema de Control, en los términos del artículo 3º tercer párrafo de la presente Ley:
a) El Tribunal de Cuentas de la Provincia de acuerdo con la competencia que le asigna su Ley Orgánica.
b) La Contaduría General en los términos del Título VIII de la presente Ley.

ARTICULO 9º.- El Ejercicio Financiero del Sector Público Provincial comenzará el primero de Enero y finalizará el treinta y uno de Diciembre de cada año.

TITULO II
DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES Y ORGANIZACION DEL SISTEMA

SECCION I
NORMAS TECNICAS COMUNES
ARTICULO 10º.- El presente Título establece los principios, órganos, normas y procedimientos que regirán el proceso presupuestario de las Jurisdicciones y Entidades del Sector Público Provincial.

ARTICULO 11º.- Los presupuestos comprenderán todos los recursos previstos y los gastos autorizados para cada ejercicio, los cuales figurarán por separado, por sus montos íntegros y sin compensación entre sí. Mostrarán el resultado económico y financiero de las transacciones programadas para ese período, en sus cuentas corrientes y de capital, así como la producción de bienes y servicios que generarán las acciones previstas.

ARTICULO 12º.- Los presupuestos de recursos contendrán la enumeración de los distintos rubros de ingresos y otras fuentes de financiamiento y los montos estimados para cada uno de ellos en el ejercicio. Las denominaciones de los distintos rubros de recursos deberán ser lo suficientemente específicas como para identificar las respectivas fuentes y se estructurarán en una clasificación básica uniforme para todo el Sector Público Provincial.

ARTICULO 13º.- En los presupuestos de gastos se utilizarán las técnicas más adecuadas para demostrar el cumplimiento de las políticas, planes de acción y producción de bienes y servicios de los Organismos del Sector Público Provincial, así como la incidencia económica y financiera de su ejecución y la vinculación con sus fuentes de financiamiento. El Poder Ejecutivo establecerá las técnicas de programación presupuestaria y los clasificadores de gastos y recursos que serán utilizados.

ARTICULO 14º.- Cuando en los presupuestos de las Jurisdicciones o Entidades se incluyan créditos para contratar obras o adquirir bienes y servicios, cuyo plazo de ejecución exceda el ejercicio financiero, se deberá incluir en los mismos información sobre los recursos invertidos en años anteriores, los que se invertirán en el futuro y sobre el monto total de la erogación, así como los respectivos cronogramas de ejecución física. La aprobación de los presupuestos que contengan esta información, por parte de la autoridad competente, implicará la autorización expresa para contratar las obras y/o adquirir bienes y servicios hasta por su monto total, de acuerdo con las modalidades de contratación vigentes.

SECCION II
ORGANIZACION DEL SISTEMA
ARTICULO 15º.- La Dirección Provincial de Programación Presupuestaria será el órgano rector del Sistema Presupuestario del Sector Público Provincial y estará a cargo de un Director Provincial, que será asistido por dos (2) Directores. Para ocupar dichos cargos, será requisito indispensable poseer Título Universitario en Ciencias Económicas y una experiencia no inferior a cinco (5) años en materia financiero- contable, en el ámbito de la Administración pública.

ARTICULO 16º.- La Dirección Provincial de Programación Presupuestaria tendrá las siguientes competencias:
a) Participar en la formulación de los aspectos presupuestarios de la política financiera que, para el Sector Público Provincial, elabore el órgano coordinador de los Sistemas de Administración Financiera;
b) Formular y proponer al órgano coordinador de los Sistemas de Administración Financiera, los lineamientos para la elaboración del Presupuesto del Sector Público Provincial;
c) Dictar las normas técnicas para la formulación, programación de la ejecución, modificaciones y evaluación del Presupuesto de la Administración Provincial.
d) Confeccionar las normas técnicas para la formulación y evaluación de los Presupuestos de las Empresas y Sociedades del Estado;
e) Asesorar, en materia presupuestaria, a todos los Organismos del Sector Público Provincial y difundir los criterios básicos del Sistema Presupuestario;
f) Analizar los anteproyectos de presupuesto de las Jurisdicciones y Entidades del Sector Público Provincial, excepto el Poder Legislativo, y proponer los ajustes que considere necesarios. En el caso del Poder Judicial se procederá conforme al artículo 206 inc. 5) de la Constitución de la Provincia:
g) Analizar los proyectos de Presupuesto de las Empresas y Sociedades del Estado Provincial y presentar los informes respectivos al coordinador de los Sistemas de Administración Financiera;
h) Preparar el Proyecto de Ley de Presupuesto General y fundamentar su contenido;
i) Coordinar los procesos de ejecución presupuestaria de la Administración Provincial e intervenir en los ajustes y modificaciones a los presupuestos, de acuerdo a las atribuciones fijadas por la reglamentación;
j) Participar, conjuntamente con la Tesorería General de la Provincia, en la programación de la ejecución del presupuesto de las Entidades y Jurisdicciones comprendidas en el inc. c) del artículo 2º de la presente Ley, para su aprobación por el Poder Ejecutivo en acuerdo de Ministros, o en quien éste delegue;
k) Evaluar la ejecución financiera de los presupuestos, aplicando las normas y criterios establecidos por esta Ley, su reglamentación y las normas técnicas respectivas;
l) Realizar y aprobar en forma bianual el digesto de normas aplicables al Sistema quedando facultada para propiciar la sustitución, modificación o derogación de toda norma superior necesaria para un mejor ordenamiento jurídico.
m) Las demás que le confiera la presente Ley y su reglamento.

ARTICULO 17º.- Integrarán el Sistema Presupuestario y serán responsables de cumplir con esta Ley, su reglamentación y las normas técnicas que emita el órgano rector del sistema, todas las unidades que cumplan funciones presupuestarias en cada una de las Jurisdicciones y Entidades del Sector Público Provincial. Estas unidades serán responsables de cuidar el cumplimiento de las políticas y lineamientos que, en materia presupuestaria, establezcan las autoridades competentes.

CAPITULO II
DEL PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL

SECCION I
DE LA ESTRUCTURA DE LA LEY DE PRESUPUESTO GENERAL
ARTICULO 18º.- La Ley de Presupuesto constará de cuatro (4) títulos cuyo contenido será el siguiente:
-Título I - Disposiciones Generales.
-Título II - Presupuesto de Recursos y Gastos de la Administración Central.
-Título III - Presupuesto de Recursos y Gastos de los Organismos Descentralizados e Instituciones de la Seguridad Social.
-Título IV - Presupuesto de Recursos y Gastos de las Empresas y Sociedades del Estado.

ARTICULO 19º.- Las disposiciones generales constituyen las normas complementarias a la presente Ley, que regirán para cada ejercicio financiero.
Contendrán normas relacionadas directa y exclusivamente con la aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto del que forman parte. En consecuencia, no podrán contener disposiciones de carácter permanente, no podrán reformar o derogar leyes vigentes, ni crear, modificar o suprimir tributos u otros ingresos.
El Título I incluirá, asimismo, los cuadros agregados que permitan una visión global del presupuesto y sus principales resultados.

ARTICULO 20º.- Sin perjuicio de lo establecido por el artículo 171 de la Constitución de la Provincia, se considerarán como Recursos del ejercicio todos aquellos que se prevén recaudar durante el período en cualquier Organismo, oficina o agencia autorizada a percibirlos en nombre de la administración provincial; el financiamiento proveniente de leyes especiales que tengan afectación específica, de donaciones, fondos provistos por terceros y operaciones de crédito público, representen o no entradas de dinero efectivo al Tesoro y los excedentes de ejercicios anteriores que se estimen existentes a la fecha de cierre del ejercicio anterior al que se presupuesta.
Los ingresos correspondientes a situaciones en las que el Estado es depositario o tenedor temporario de fondos, no constituyen recursos.
Se considerarán como Gastos del ejercicio todos aquellos que se devenguen en el período, se traduzcan o no en salidas de dinero efectivo del Tesoro.

ARTICULO 21º.- Ningún rubro del presupuesto de recursos se podrá destinar para atender específicamente el pago de gastos determinados, con excepción de los provenientes de:
a) Leyes especiales y que tengan afectación específica.
b) Operaciones de Crédito Público.
c) Donaciones, herencias o legados, a favor del Estado Provincial, con cargo determinado.
d) Los fondos provistos por terceros, para una finalidad determinada.

SECCION II
DE LA FORMULACION DEL PRESUPUESTO
ARTICULO 22º.- El Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, fijará anualmente los lineamientos generales para la formulación del Proyecto de Ley de Presupuesto General.
A tal fin, las dependencias especializadas del Poder Ejecutivo deberán practicar una evaluación del cumplimiento de los planes y políticas provinciales y del desarrollo integral de las mismas. Sobre estas bases y una proyección de las variables macroeconómicas de corto plazo, prepararán una propuesta de prioridades presupuestarias en general y de planes o programas de inversiones públicas, en particular.

ARTICULO 23º.- Sobre la base de los anteproyectos preparados por las Jurisdicciones y Entidades, excepto el Poder Legislativo, y con ajustes que resulte necesario efectuar, sin perjuicio de las disposiciones contenidas en los artículos 192 inciso b) y 206 inciso 5) de la Constitución de la Provincia; La Dirección Provincial de Programación Presupuestaria confeccionará el Proyecto de Ley de Presupuesto General, el que será remitido para su consideración al Poder Ejecutivo en acuerdo de Ministros.
El Proyecto de Ley deberá contener, las siguientes informaciones:
a) Presupuesto de Recursos de la Administración Central y de cada uno de los Organismos Descentralizados, Instituciones de la Seguridad Social, Empresas y Sociedades del Estado, clasificados por rubros.
b) Presupuestos de Gastos de cada una de las Jurisdicciones y de cada Organismo Descentralizado, Instituciones de la Seguridad Social, Empresas y Sociedades del Estado, los que identificarán la producción y los créditos presupuestarios.
c) Créditos presupuestarios asignados a cada uno de los proyectos de inversión que se prevén ejecutar.
d) Resultados de las cuentas corrientes y de capital para la Administración Central, para cada Organismo Descentralizado, Instituciones de la Seguridad Social, Empresas y Sociedades del Estado y para el total de la Administración Provincial.
La reglamentación establecerá, en forma detallada, otras informaciones a ser presentadas a la Legislatura Provincial tanto para la Administración Central, como para los Organismos Descentralizados, Instituciones de la Seguridad Social, Empresas y Sociedades del Estado.

ARTICULO 24º.- El Poder Ejecutivo Provincial presentará el Proyecto de Ley de Presupuesto General a la Legislatura Provincial en el plazo establecido en la Constitución de la Provincia, acompañado de un mensaje que contenga una relación de los objetivos que se propone alcanzar y explicite la metodología utilizada para las estimaciones de recursos y para la determinación de las autorizaciones para gastar, y toda información y elementos de juicio que estime oportunos.

ARTICULO 25º.- Si al inicio del ejercicio financiero no se encontrare aprobado el presupuesto general, regirá el que estuvo en vigencia el año anterior, con los siguientes ajustes que el Poder Ejecutivo Provincial deberá introducir en los presupuestos de la Administración Central, Organismos Descentralizados, Instituciones de la Seguridad Social, Empresas y Sociedades del Estado:
a) En los presupuestos de recursos:
-Eliminará los rubros de recursos que no puedan ser recaudados nuevamente.
-Suprimirá los ingresos provenientes de operaciones de crédito público autorizadas, en los montos en que fueron utilizados.
-Excluirá los excedentes de ejercicios anteriores correspondientes al ejercicio financiero anterior, en el caso que el presupuesto que se está ejecutando hubiera previsto su utilización.
-Estimará cada uno de los rubros de recursos para el nuevo ejercicio.
-Incluirá los recursos provenientes de operaciones de crédito público autorizadas y en ejecución, cuya percepción se prevea ocurrirá en el ejercicio.
b) En los presupuestos de gastos:
-Eliminará los créditos presupuestarios que no deban repetirse por haberse cumplido los fines para los cuales fueron previstos.
-Incluirá los créditos presupuestarios indispensables para el servicio de la deuda.
-Incluirá los créditos presupuestarios indispensables para asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios.
-Adaptará los objetivos y las cuantificaciones en unidades físicas de los bienes y servicios a producir por cada entidad, a los recursos y créditos presupuestarios que resulten de los ajustes anteriores.

ARTICULO 26º.- Todo incremento del total del presupuesto de gastos previstos en el Proyecto de Ley presentado por el Poder Ejecutivo, deberá contar con el financiamiento respectivo.

SECCION III
DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO
ARTICULO 27º.- Los créditos del presupuesto de gastos, con los niveles de agregación que haya aprobado la Legislatura Provincial, según las pautas establecidas en el artículo 23 de esta Ley, constituyen el límite máximo de las autorizaciones disponibles para gastar.

ARTICULO 28º.- Luego de promulgada la Ley de Presupuesto General, el Poder Ejecutivo, en acuerdo de Ministros, decretará la distribución administrativa del presupuesto de gastos.
La distribución administrativa del presupuesto de gastos, consistirá en la presentación desagregada hasta el último nivel previsto en los clasificadores y categorías de programación utilizadas, de los créditos y autorizaciones contenidas en la Ley de Presupuesto General. El dictado de este instrumento normativo implicará el ejercicio de la atribución constitucional del Poder Ejecutivo para decretar el uso de las autorizaciones para gastar y el empleo de los recursos necesarios para su financiamiento.

ARTICULO 29º.- Se considera gastado un crédito y por lo tanto ejecutado el presupuesto de dicho concepto, cuando queda afectado definitivamente al devengarse un gasto. La reglamentación establecerá los criterios y procedimientos para la aplicación de este artículo.

ARTICULO 30º.- Las Jurisdicciones y Entidades comprendidas en esta Ley deberán llevar los registros de ejecución presupuestaria en las condiciones que fije la reglamentación. Como mínimo deberán registrarse la liquidación o el momento en que se devenguen los recursos y su recaudación efectiva y, en materia de gastos, además del momento del devengado, las etapas del compromiso y del pago. El registro del compromiso se utilizará como mecanismo para afectar preventivamente la disponibilidad de los créditos presupuestarios y, el del pago, para reflejar la cancelación de las obligaciones asumidas.

ARTICULO 31º.- En cada ejercicio financiero sólo podrán comprometerse gastos que encuadren en los conceptos y límites de los créditos abiertos, salvo los previstos en el artículo 38.

ARTICULO 32º.- La autorización para el uso de los créditos, estará condicionada a las exigencias que determina el artículo 33 de la presente Ley.

ARTICULO 33º.- A los fines de garantizar una correcta ejecución de los presupuestos y de compatibilizar los resultados esperados con los recursos disponibles, todas las Entidades y Jurisdicciones del artículo 2º inc. c) y d) de la presente Ley, deberán programar para cada ejercicio, la ejecución física y financiera de los presupuestos siguiendo las normas que fije la reglamentación y las disposiciones complementarias y procedimientos que dicten los órganos rectores de los Sistemas Presupuestario y de Tesorería.
Dicha programación será ajustada por los órganos rectores y las respectivas cuentas aprobadas por el Poder Ejecutivo, en acuerdo de Ministros, o por quien éste delegue, en la forma y para los períodos que se establezca.
El monto total de las cuotas de compromiso fijadas para el ejercicio no podrán ser superiores al monto de los recursos recaudados durante el mismo.
Los Poderes Legislativo y Judicial adoptarán normas concordantes con lo dispuesto precedentemente, en sus respectivos ámbitos.

ARTICULO 34º.- Los órganos de los Poderes del Estado Provincial y Tribunal de Cuentas de la Provincia determinarán, para cada uno de ellos, los límites cuantitativos y cualitativos mediante los cuales podrán contraer compromisos por sí, o por la competencia específica que asignen al efecto, a los funcionarios de sus dependencias. La competencia así asignada será indelegable. La reglamentación establecerá la competencia para ordenar pagos y efectuar desembolsos y las habilitaciones para pagar que estén expresamente establecidas en esta Ley.
Las Autoridades Superiores de los Poderes Legislativo y Judicial, podrán disponer reajustes a los créditos de sus presupuestos debiendo comunicar al Poder Ejecutivo Provincial las modificaciones realizadas, las que no podrán modificar el total de erogaciones.
El Poder Legislativo y Poder Judicial tendrán la libre disponibilidad de los créditos que le asigne la respectiva Ley de Presupuesto, sin más restricciones que aquellas que las propias Leyes determinen expresamente.

ARTICULO 35º.- Facúltase al Ministerio de Hacienda y Finanzas, como órgano Coordinador de los Sistemas de Administración Financiera, a afectar los créditos presupuestarios de las Entidades y Jurisdicciones comprendidas en el inciso c) del artículo 2º de la presente Ley; destinados al pago de los servicios públicos y de otros conceptos que determine la reglamentación.

ARTICULO 36º.- El Poder Ejecutivo Provincial, en oportunidad de decretar la distribución administrativa del Presupuesto de gastos, establecerá los alcances y mecanismos para efectuar las modificaciones a la Ley de Presupuesto General, que resulten necesarios durante su ejecución.
Quedarán reservadas a la Legislatura Provincial las decisiones que afecten el monto total del presupuesto y el monto del endeudamiento previsto.
En ningún caso el Poder Ejecutivo podrá modificar el destino para el cual se contrajo el endeudamiento.
Cuando el Poder Ejecutivo disponga modificaciones presupuestarias que signifiquen incrementar gastos corrientes disminuyendo gastos de capital, lo deberá instrumentar mediante decreto, en acuerdo de Ministros, y enviar copia del mismo al Poder Legislativo.

ARTICULO 37º.- Toda Ley que autorice gastos no previstos en el Presupuesto General deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento. Las autorizaciones respectivas y los recursos serán incorporados al presupuesto general por el Poder Ejecutivo conforme a la estructura adoptada.

ARTICULO 38º.- El Poder Ejecutivo podrá disponer autorizaciones para gastar no incluidas en la Ley de Presupuesto General, para el cumplimiento de leyes electorales y en casos de epidemias, inundaciones, terremotos, y otros acontecimientos extraordinarios e imprevistos que hagan indispensables la acción inmediata del Gobierno.
Estas autorizaciones deberán ser comunicadas a la Legislatura Provincial en el mismo acto que las disponga, adjuntando los antecedentes que permitan apreciar la imposibilidad de atender las situaciones que las motivaron dentro de las previsiones ordinarias o con saldos disponibles en rubros presupuestarios imputables.
Las autorizaciones así dispuestas deberán incorporarse al Presupuesto General.

ARTICULO 39º.- No podrán contraerse compromisos ni devengarse gastos cuando el uso de los créditos esté condicionado a la existencia de recursos específicos, salvo que por su naturaleza se tenga la certeza de su realización dentro del ejercicio. En tal caso la decisión será adoptada por el Ministerio de Hacienda y Finanzas, en base a la confirmación de la remisión de los fondos por parte de los Organismos o Fuentes de Financiamiento.

ARTICULO 40º.- No se podrán adquirir compromisos susceptibles de traducirse en afectaciones de créditos presupuestarios de ejercicios futuros, salvo en los siguientes casos:
a) Para obras y trabajos públicos a ejecutarse en el transcurso de más de un ejercicio financiero, siempre que resulte imposible o antieconómico contratar la parte de ejecución anual.
b) Para las provisiones, locaciones de inmuebles, obras o servicios, sobre cuya base sea la única forma de asegurar la prestación regular y continua de los servicios públicos o la irreemplazable colaboración técnica o científica especial.
c) Para operaciones de crédito o financiamiento, siempre que exista autorización legislativa.
d) Para el cumplimiento de leyes especiales cuya vigencia exceda el ejercicio financiero.
El Poder Ejecutivo incluirá, en el Proyecto de Ley de Presupuesto General de cada ejercicio, los créditos presupuestarios necesarios para atender las erogaciones anuales que se generen en virtud de lo previsto en el presente artículo.

ARTICULO 41º.- Las provisiones, servicios u obras que se efectúen entre Unidades Ejecutoras pertenecientes a Jurisdicciones o Entidades comprendidas en el Presupuesto General, que sean consecuencia del cumplimiento de sus funciones específicas, constituirán gastos para los créditos de las Unidades Ejecutoras que los reciban y recursos para el rubro de ingresos correspondiente.

ARTICULO 42º.- La recaudación de los recursos de cada ejercicio estará a cargo de los Organismos, oficinas o agencias autorizadas a percibirlos en nombre de la Administración Provincial, conforme lo determinen las leyes y los reglamentos específicos.
Los recursos percibidos de conformidad a lo indicado precedentemente, deberán se ingresados en la Tesorería General o Tesorería de los Organismos Descentralizados según corresponda, antes de la finalización del día hábil siguiente al de su percepción. Contaduría General controlará el efectivo cumplimiento de esta norma.
El Poder Ejecutivo, con intervención del Ministerio de Hacienda y Finanzas, podrá ampliar este plazo cuando las circunstancias así lo justifiquen.

ARTICULO 43º.- Ningún Organismo, oficina o agencia autorizada a recaudar, en los términos del artículo precedente, podrá utilizar por sí los recursos que perciba. La totalidad de los mismos deberán ser ingresados de conformidad con las normas de la presente Sección.
Exceptúase de esta disposición, la devolución de los recursos percibidos indebidamente, por pagos improcedentes o por error y las multas o recargos que legalmente queden sin efecto o anulados. La liquidación y orden de pago respectiva, se efectuará con disminución al rubro de recursos al que se hubiere ingresado, aún cuando la devolución se efectúe en ejercicios posteriores. Si la devolución corresponde a recaudaciones percibidas en ejercicios anteriores, la afectación se hará al mismo rubro correspondiente al ejercicio en que se la disponga; si tal rubro no estuviere en vigencia o no se hubiera recaudado el recurso por dicho concepto, se aplicará el régimen de compensación de recursos en la medida que la legislación lo provea.
Si no es posible la afectación en la forma dispuesta precedentemente, serán de aplicación para la devolución las disposiciones relativas a la ejecución de gastos.

ARTICULO 44º.- La concesión de exenciones, quitas, moratorias o facilidades para la recaudación de los recursos, serán dispuestas por Ley específica.

ARTICULO 45º.- Las sumas a recaudar que no pudieran hacerse efectivas por resultar incobrables, podrán ser declaradas tales por el Poder Ejecutivo, con intervención previa de la Contaduría General y de la Fiscalía de Estado.
La declaración de incobrable no implicará la extinción de los derechos del Estado, ni de la responsabilidad en que pudiere incurrir los funcionarios o empleados involucrados, si tal situación les fuera imputable.

SECCION IV
DEL CIERRE DE LAS CUENTAS
ARTICULO 46º.- Las cuentas del presupuesto de recursos y gastos se cerrarán el 31 de Diciembre de cada año. Después de esa fecha los recursos que se recauden se considerarán parte del presupuesto vigente, con independencia de la fecha en que se hubiera generado la obligación de pago o liquidación de los mismos.
Con posterioridad al 31 de Diciembre de cada año no podrán asumirse compromisos ni devengarse gastos con cargo al ejercicio que se cierra en esa fecha.

ARTICULO 47º.- Los gastos devengados y no pagados al 31 de Diciembre de cada año calendario se cancelarán, durante el año siguiente, con cargo a las disponibilidades en caja y bancos existentes a la fecha señalada.
Los gastos comprometidos y no devengados al 31 de Diciembre de cada año se afectarán al ejercicio siguiente, imputando los mismos a los créditos disponibles para este ejercicio.
La reglamentación establecerá los plazos y los mecanismos para la aplicación de estas disposiciones.

SECCION V
DE LA EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
ARTICULO 48º.- La Dirección Provincial de Programación Presupuestaria evaluará la ejecución de los presupuestos de la Administración Provincial, tanto en forma periódica, durante el ejercicio, como al cierre del mismo.
Para ello, las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Provincial deberán:
a) Llevar registros de información de la gestión física y financiera de la ejecución de sus presupuestos, de acuerdo con las normas técnicas correspondientes.
b) Informar y participar los resultados de la ejecución física y financiera de sus presupuestos a la Dirección Provincial de Programación Presupuestaria.
Los informes de evaluación serán comunicados al Ministerio de Hacienda y Finanzas.

ARTICULO 49º.- Con base en la información que señala el artículo anterior, en la que suministre el Sistema de Contabilidad Gubernamental y otras que se consideren pertinentes, la Dirección Provincial de Programación Presupuestaria realizará un análisis de los resultados físicos y financieros obtenidos, interpretará las variaciones operadas con respecto a lo programado, procurará determinar sus causas y preparará informes con recomendaciones para las autoridades superiores y los responsables de los Organismos afectados.
La reglamentación establecerá los métodos y procedimientos para la aplicación de las disposiciones contenidas en esta sección, así como el uso que se dará a la información generada.

TITULO III
DEL SISTEMA DE CREDITO PUBLICO
ARTICULO 50º.- El Sistema de Crédito Público se regirá por las disposiciones de la Constitución de la Provincia, de la presente Ley, su reglamentación y por las leyes que aprueben las operaciones específicas.
Se entenderá por Crédito Público la capacidad que tiene el Estado de endeudarse con el objeto de captar medios de financiamiento para realizar inversiones, para atender casos de evidente necesidad, para reestructurar su organización o refinanciar sus pasivos, incluyendo los respectivos intereses o para la finalidad que por Ley específica se establezca.
Los procedimientos administrativos para la toma de crédito público deberán ajustarse a lo previsto en el Título VI de la presente Ley en materia de Licitación Pública, o bien, a través de la oferta pública de títulos de deuda en los mercados de capitales nacional y/o internacional. En este caso, la selección del o los agentes financieros que tendrán a su cargo la colocación de los títulos de deuda deberá realizarse a través del mecanismo de licitación pública previsto en el Título VI de la presente Ley.
Sin perjuicio de otros requisitos que se prevean en la reglamentación de la Ley, será obligatoria la intervención previa a la emisión del Decreto respectivo, mediante dictamen fundado, del órgano rector del sistema de crédito público, Contaduría General, Asesoría General de Gobierno y Fiscalía de Estado.
La aprobación del contrato de crédito público, o de las condiciones de emisión de los títulos de deuda, según corresponda, deberá instrumentarse mediante decreto, en acuerdo de Ministros y remitir copia del mismo al Poder Legislativo. Previo a la ejecución del acto administrativo, deberá darse invervención al Tribunal de Cuentas de la Provincia.

ARTICULO 51º.- El endeudamiento que resulte de las operaciones de crédito público, se denominará deuda pública y puede originarse en:
a) La emisión y colocación de títulos, bonos u obligaciones de mediano y largo plazo, constitutivos de un empréstito.
b) La contratación de préstamos con instituciones financieras.
c) La contratación de obras, servicios o adquisiciones cuyo pago total o parcial se estipule realizar en el transcurso de más de un ejercicio financiero posterior al vigente, siempre y cuando los conceptos que se financien se hayan devengado anteriormente.
d) El otorgamiento de avales, fianzas y garantías a favor de terceros por parte del Estado Provincial, cuyo vencimiento supere el período del ejercicio financiero.
e) La consolidación, conversión y renegociación de otras deudas.
No se considera deuda pública la deuda del Tesoro, ni las emergentes de las operaciones que se realicen en el marco del artículo 70.

ARTICULO 52º.- A los efectos de esta Ley, la deuda pública se clasificará en interna o externa y en directa o indirecta.
Se entenderá por deuda interna aquella contraida con personas de existencia visible o ideal residentes o domiciliadas en la República Argentina y cuyo pago puede ser exigible dentro del territorio nacional.
Por su parte, se entenderá por deuda externa, aquella contraida con otros países u Organismos internacionales o cualquier persona de existencia visible o ideal sin residencia o domicilio en nuestro país y cuyo pago puede ser exigible fuera del territorio nacional.
Las obligaciones asumidas por el Estado Provincial en calidad de deudor principal, se considerará como deuda pública directa.
La deuda pública indirecta será aquella que habiendo sido constituida por cualquier persona de existencia visible o ideal sea ésta pública o privada, distinta de la Administración Provincial, cuenta con su aval, fianza o garantía.

ARTICULO 53º.- Ninguna Entidad o Jurisdicción comprendida en el artículo 2º incisos b) y d) de la presente ley podrá iniciar trámites para realizar operaciones de crédito público sin la autorización del Poder Ejecutivo.
El Poder Legislativo y el Poder Judicial, en oportunidad de iniciar gestiones para realizar operaciones de crédito público, deberán comunicarlo al Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Hacienda y Finanzas.

ARTICULO 54º.- Toda operación de crédito público deberá estar prevista en la Ley de Presupuesto del año respectivo o ser dispuesta por una Ley específica, en ambos casos deberá contener como mínimo:
-Tipo de deuda, especificando si se trata de interna o externa, y moneda con que se la contrae;
-Monto máximo autorizado para la operación;
-Destino del Financiamiento.

ARTICULO 55º.- El otorgamiento por el Estado Provincial de avales, fianzas o garantías de cualquier naturaleza, a terceras personas ajenas al mismo, requerirán de una Ley que lo autorice. Se excluyen de esta disposición, los actos citados que otorguen las instituciones financieras provinciales, siempre y cuando su carta orgánica lo permita.

ARTICULO 56º.- Las operaciones de crédito público realizadas en contravención a las normas dispuestas en la presente Ley son nulas y sin efecto, sin perjuicio de la responsabilidad personal de quienes las dispongan. Las obligaciones que deriven de las mismas no serán oponibles ante ninguna jurisdicción o entidad del sector público provincial.

ARTICULO 57º.- El servicio de la deuda pública estará constituido por la amortización del capital y el pago de los intereses, comisiones y otros cargos que eventualmente puedan haberse convenido en las operaciones de crédito público.
Los presupuestos de las Jurisdicciones y Entidades del Sector Público Provincial deberán formularse previendo los créditos necesarios para atender el servicio de la deuda.

ARTICULO 58º.- El órgano rector del Sistema de Crédito Público funcionará en el ámbito del Ministerio de Hacienda y Finanzas. El Poder Ejecutivo, por vía reglamentaria, determinará su estructura orgánica, misiones y funciones, asegurando una eficiente programación, utilización y control de los medios de financiamiento que se obtengan mediante operaciones de crédito público.
A través del mismo, todas las Jurisdicciones o Entidades del Sector Público Provincial, tramitarán las solicitudes de autorización para iniciar operaciones crediticias, en el marco del artículo 53 de esta Ley.

ARTICULO 59º.- El órgano rector del Sistema de Crédito Público tendrá las siguientes competencias:
a) Participar en la formulación de los aspectos crediticios de la política financiera que elabore, para el Sector Público Provincial, el Ministerio de Hacienda y Finanzas.
b) Normatizar los procedimientos de emisión, colocación y rescate de empréstitos, así como la de negociación, contratación y amortización de préstamos, en todo el ámbito del Sector Público Provincial.
c) Tramitar las solicitudes de autorización para iniciar operaciones de crédito público.
d) Sustanciar los procedimientos administrativos para la toma de crédito público conforme lo dispuesto por el artículo 50 de la presente Ley.
e) Organizar un sistema de información sobre el mercado de capitales de crédito.
f) Fiscalizar que los medios de financiamiento obtenidos mediante operaciones de crédito público, se apliquen a los fines específicos.
g) Mantener un registro actualizado sobre el endeudamiento público, debidamente integrado al Sistema de Contabilidad Gubernamental.
h) Establecer las estimaciones y proyecciones presupuestarias del servicio de la deuda pública y supervisar su cumplimiento.
i) Coordinar las ofertas de financiamiento recibidas por el Sector Público Provincial.
j) Dictaminar sobre la conveniencia económica financiera de las operaciones de crédito público, conforme a lo requerido por el artículo 50 de la presente Ley.
k) Las demás funciones que se asignen por reglamentación.

TITULO IV
DEL SISTEMA DE TESORERIA
ARTICULO 60º.- El Sistema de Tesorería está compuesto por el conjunto de órganos, normas y procedimientos que intervienen en la recaudación de los ingresos y en los pagos que configuran el flujo de fondos del Sector Público Provincial, así como en la custodia de las disponibilidades que se generen.

ARTICULO 61º.- Tesorería General de la Provincia será el órgano rector del Sistema de Tesorería y como tal coordinará el funcionamiento de todas las unidades o servicios de tesorería que operen en el Sector Público Provincial, dictando las normas y procedimientos conducentes a ello.

ARTICULO 62º.- Tesorería General de la Provincia tendrá competencia para:
a) Participar en la formulación de los aspectos de la política financiera que elabore para el Sector Público Provincial el Ministerio de Hacienda y Finanzas.
b) Intervenir en la programación de la ejecución del presupuesto de la Administración Provincial y programar el flujo de fondos de la Administración Central.
c) Centralizar la recaudación de los recursos de la Administración Central y el cumplimiento de las órdenes de pago.
d) Administrar el fondo unificado de la Administración Provincial que se crea por la presente Ley.
e) Ejercer la supervisión técnica de todas las tesorerías que operen en el ámbito del Sector Público Provincial.
f) Elaborar anualmente el presupuesto de caja del Sector Público Provincial y realizar el seguimiento y evaluación de su ejecución.
g) Emitir letras del Tesoro en el marco del artículo 70 de esta Ley.
h) Guardar y Custodiar los fondos, títulos y valores que integran el Tesoro Central o aquellos de propiedad de terceros, cuando el Estado Provincial sea depositario o tenedor temporario.
i) Intervenir previamente en todo acto en que se comprometan en un plazo cierto las disponibilidades del Tesoro.
j) Emitir opinión fundada previa sobre las inversiones temporales de fondos que realicen las entidades del Sector Público Provincial, en instituciones financieras del país o del extranjero.
k) Las demás funciones que le asigne esta Ley y la reglamentación.

ARTICULO 63º.- La Tesorería General de la Provincia estará a cargo de un Tesorero General que será designado de acuerdo a lo establecido por el artículo 186º de la Constitución de la Provincia, quién será asistido por un Subtesorero General designado por el Poder Ejecutivo.

ARTICULO 64º.- El Tesoro de la Provincia se integra con los fondos, títulos y valores ingresados en sus Organismos mediante operaciones de recaudación o de otra naturaleza, excepto las situaciones previstas en el artículo 20 segundo párrafo.

ARTICULO 65º.- Tesorería General de la Provincia, en el ámbito de las Jurisdicciones enunciadas en el inciso c) del artículo 2 de esta Ley o Tesorerías de las demás Jurisdicciones y Entidades del Sector Público Provincial, no podrán dar entradas ni salidas de fondos, títulos o valores, cuya documentación no haya sido intervenida previamente por Contaduría General, Contadurías o quienes hagan sus veces, según corresponda.

ARTICULO 66º.- Los fondos que administren las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Provincial se depositarán en el Banco de Catamarca o en la Entidad Bancaria que el Poder Ejecutivo determine; en las localidades donde no existan sucursales del mismo, el Ministerio de Hacienda y Finanzas, en el ámbito de las Entidades y Jurisdicciones previstas en el inciso c) del artículo 2º de la presente Ley, y las Autoridades Superiores de las restantes Jurisdicciones del Sector Público Provincial, podrán autorizar la apertura de cuentas en otros Bancos, dando preferencia a los oficiales. La apertura de las cuentas corrientes se realizará a la orden conjunta del Director de Administración, Jefe del Servicio Administrativo Financiero o quien haga sus veces y del Tesorero o quien desempeñe idéntica función. Podrá disponerse la apertura a nombre de dos (2) funcionarios o agentes distintos a los enunciados precedentemente, por razones debidamente fundadas que así lo justifiquen; en tal supuesto, la autorización deberá ser otorgada por el Poder Ejecutivo o por quien éste delegue dicha facultad.
Cuando las Jurisdicciones y Entidades incluidas en el artículo 2º inciso c) de esta Ley, tengan que cumplir con exigencias contractuales o Convenios celebrados con Organismos Internacionales, Nacionales, Provinciales o Municipales, que impliquen la administración de fondos provistos por ellos; deberán requerir autorización al Poder Ejecutivo o a quien este delegue dicha facultad, para la apertura de cuentas en los bancos establecidos en los respectivos Contratos o Convenios.

ARTICULO 67º.- El Poder Ejecutivo instituirá un Sistema de Fondo Unificado, según lo estime conveniente, que le permita disponer de las existencias de caja de todas las Entidades y Jurisdicciones comprendidas en el inciso c) del artículo 2º de la presente Ley; con las excepciones y en el porcentaje que disponga la reglamentación.

ARTICULO 68º.- El Poder Ejecutivo o la autoridad en quien este delegue podrá disponer la utilización transitoria de recurso con destino específico a otro destino, cuando por razones circunstanciales o de tiempo, deba hacerse frente a apremios financieros. Dicha autorización transitoria no significará cambios de financiación ni de destino de los recursos, debiendo la situación quedar normalizada en el transcurso del ejercicio, cuidando de no provocar daños en el servicio que deba prestarse con fondos específicamente afectados, bajo responsabilidad de la autoridad que lo disponga.

ARTICULO 69º.- Las Autoridades Superiores de los Poderes del Estado Provincial y del Tribunal de Cuentas de la Provincia, o los funcionarios en quienes las mismas deleguen esta facultad, podrán autorizar el funcionamiento de fondos permanentes y de caja chica, con el régimen y límites que establezcan en sus respectivas reglamentaciones. Dichos fondos deberán ser utilizados para la atención de gastos de cualquier naturaleza al contado, en función de la Jerarquía Constitucional, la naturaleza de las funciones de cada Organismo, las características de sus tareas, la modalidad de sus funciones y la urgencia; con excepción de la atención de gastos en personal.
Tesorería General de la Provincia entregará mensualmente a los Poderes Legislativo y Judicial, fondos que como mínimo serán iguales a los duodécimos de sus respectivos presupuestos, los que podrán ser ajustados por las Autoridades Superiores de dichos Poderes, mediante el acto administrativo correspondiente.
Las entregas de fondo por parte de Tesorería General de la Provincia o de las Tesorerías de las restantes Jurisdicciones y Entidades, a las dependencias o servicios en que se autoricen, constituirá un anticipo y se registrarán en cuentas por separado, de manera que periódicamente puedan hacerse las liquidaciones respectivas, conforme lo prevea la reglamentación.

ARTICULO 70º.- El Poder Ejecutivo podrá autorizar a Tesorería General de la Provincia, en el marco del artículo 50 de esta Ley, a emitir "Letras del Tesoro" u otras obligaciones negociables, para cubrir deficiencias estacionales de caja, hasta el monto que fije anualmente la Ley de Presupuesto. Estas letras y obligaciones negociables deberán ser reembolsadas durante el mismo ejercicio financiero en que se emitan.
La sustanciación de los trámites administrativos tendientes a posibilitar la emisión y colocación de estas letras y demás obligaciones negociables, estará a cargo del órgano rector del sistema de crédito público.

TITULO V
DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
ARTICULO 71º.- El Sistema de Contabilidad Gubernamental está integrado por el conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos técnicos, utilizados para recopilar, valuar, procesar y exponer los hechos económicos que afecten o puedan llegar a afectar el patrinomio del Sector Público Provincial.
Todos los actos u operaciones que se encuentren alcanzados por la presente Ley, deberán estar respaldados por sus respectivos comprobantes y/o documentos y registrarse contablemente de modo tal que permita la elaboración de diferentes estados contables demostrativos que brinden información oportuna y eficaz para la toma de decisiones y el ejercicio del control.

ARTICULO 72º.- Será objeto del Sistema de Contabilidad Gubernamental:
a) Registrar sistemáticamente todas las operaciones que produzcan o afecten la situación económica, financiera y patrimonial de las Jurisdicciones y Entidades.
b) Procesar y producir información financiera para la adopción de decisiones por parte de los responsables de la gestión financiera pública, para el Poder Legislativo y para los terceros interesados en la misma.
c) Presentar información contable, con sus respectivos respaldos documentales, a fin de facilitar las tareas de control interno y externo.
d) Permitir que la información que se procese y produzca sobre el Sector Público Provincial, se integre al Sistema de Cuentas Nacionales.

ARTICULO 73º.- El Sistema de Contabilidad Gubernamental tendrá las siguientes características generales:
a) Será común, único, uniforme y aplicable a todos los Organismos del Sector Público Provincial.
b) Permitirá integrar las informaciones presupuestarias, del tesoro y bienes patrimoniales de cada Entidad entre sí, y a su vez con las Cuentas Provinciales.
c) Expondrá la ejecución presupuestaria, los movimientos y situaciones del tesoro y las variaciones, composición y situación del patrimonio de las Jurisdicciones y Entidades.
d) Estará orientado a determinar los costos de las operaciones públicas.
e) Estará basado en principios y normas de contabilidad de aceptación general, aplicables en el Sector Público Provincial.

ARTICULO 74º.- La Contaduría General será el órgano rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental y como tal responsable de organizar, poner en funcionamiento y mantener dicho sistema en todo el ámbito del Sector Público Provincial.

ARTICULO 75º.- La Contaduría General estará a cargo de un Contador General, que será designado de conformidad a los requisitos previstos en el artículo 186º de la Constitución de la Provincia y será asistido por dos (2) Subcontadores Generales, designados por el Poder Ejecutivo, quienes tendrán responsabilidad en las áreas de registro e información financiera y, de control; requiriéndose para ocupar dichos cargos título de Contador Público Nacional, y experiencia en materia financiero-contable y en Organismos de Control Interno o Externo, del Sector Público Provincial, respectivamente, no inferior a cinco (5) años.

ARTICULO 76º.- El Contador General dictará el reglamento interno de la Contaduría General, que deberá ser publicado y asignará las funciones a los Subcontadores Generales.

ARTICULO 77º.- La Contaduría General tendrá las siguientes competencias:
a) Dictar las normas de Contabilidad Gubernamental para todo el Sector Público Provincial, previo dictamen obligatorio de un Servicio Jurídico permanente, integrado por letrados que acrediten idoneidad en la materia. En este marco prescribirá la metodología contable a aplicar y la periodicidad, estructura y características de los estados contables financieros a producir por las Entidades Públicas, cuya publicación será obligatoria.
b) Cuidar que los sistemas contables que prescriba puedan ser desarrollados e implantados por las Entidades, conforme a su naturaleza jurídica, características operativas y requerimientos de información de su dirección.
c) Asesorar y asistir técnicamente a todas las Entidades del Sector Público Provincial, en la implantación de las normas y metodologías que prescriba.
d) Coordinar el funcionamiento que corresponda instituir para que se proceda al registro contable de las actividades desarrolladas por las Jurisdicciones de la Administración Central y por cada una de las Entidades que conforman el Sector Público Provincial.
e) Llevar la contabilidad general de la Administración Central, consolidando con las registraciones de las demás Entidades Públicas Descentralizadas, realizando las operaciones de ajustes y cierres necesarios para la elaboración de la información global del Secto Público Provincial.
f) Administrar un sistema de información financiera que permita conocer la gestión presupuestaria, de caja y patrimonial, así como los resultados operativos, económicos y financieros de la Administración Central, de cada Entidad Descentralizada y del Sector Público Provincial en su conjunto.
g) Preparar anualmente la Cuenta de Inversión contemplada en el artículo 110 inciso 3 artículo 149 inciso 6 de la Constitución Provincial.
h) Controlar que los medios de financiamiento obtenido mediante operaciones de crédito público se apliquen a los fines específicos.
i) Las funciones que fije esta Ley y todas las demás que establezca la reglamentación.

ARTICULO 78º.- A los efectos de la preparación de la Cuenta de Inversión del Ejercicio fenecido, las Direcciones de Administración, Servicios Administrativos Financieros o quienes hagan sus veces, de las Jurisdicciones y Entidades del Sector Público Provincial, remitirán a Contaduría General, dentro de los dos (2) meses de concluido el ejercicio financiero, los estados contables de la gestión, en la forma que fije la reglamentación; ello sin perjuicio de la remisión periódica de la información durante el transcurso del ejercicio. Su incumplimiento será considerado como falta grave.

ARTICULO 79º.- La Contaduría General deberá confeccionar la Cuenta de Inversión y remitirla, por conducto del Ministerio de Hacienda y Finanzas, al Tribunal de Cuentas de la Provincia, antes del 30 de Abril del año siguiente al cierre de cada ejercicio.
El Tribunal de Cuentas de la Provincia emitirá informe sobre los aspectos legales y contables de la Cuenta de Inversión, agregando:
a) Un informe detallado sobre los casos de incumplimiento de la obligación de rendir cuentas, al 31 de Diciembre, con indicación de los responsables y montos.
b) Un compendio de las observaciones formuladas durante el ejercicio, por aplicación del artículo 26 de la Ley Nº 4621 (texto conforme a la Ley Nº 4637).
c) Toda otra información que estime conveniente.
El referido informe, juntamente con la Cuenta de Inversión, deberá ser enviado al Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Hacienda y Finanzas, antes del 30 de Junio del año siguiente al cierre de cada ejercicio para su remisión a la Legislatura Provincial, de conformidad al plazo previsto en el artículo 149 inciso 6 de la Constitución de la Provincia.

ARTICULO 80º.- La Cuenta de Inversión contendrá como mínimo:
a) Los estados de ejecución del presupuesto del Sector Público Provincial, a la fecha de cierre del ejercicio;
b) Los estados que muestren la situación del tesoro de las Jurisdicciones y Entidades, y la deuda del mismo;
c) El estado actualizado de la deuda pública;
d) Los estados contables-financieros de las Jurisdicciones y Entidades;
e) Un informe demostrativo de la gestión financiera consolidada del Sector Público Provincial durante el ejercicio, y que muestre los resultados operativos, económicos y financieros.
La Cuenta de Inversión contendrá además, información relativa a:
- El grado de cumplimiento de los objetivos y metas previstos en el presupuesto.
- El comportamiento de los costos y de los indicadores de eficiencia de la producción pública.
- La gestión financiera del Sector Público Provincial.

ARTICULO 81º.- Créase en el ámbito de la Legislatura Provincial una Comisión Bicameral Revisora de Cuentas de la Administración, la cual estará formada por tres (3) Senadores y seis (6) Diputados, cuyos mandatos durarán hasta la próxima renovación de la Cámara a la que pertenecen y serán elegidos simultáneamente en igual forma que los miembros de las comisiones permanentes.
Anualmente la Comisión elegirá un Presidente, a proposición del bloque de la oposición con mayor representación en la Legislatura, un Vicepresidente y un Secretario, que pueden ser reelectos. Mientras estas designaciones no se realicen, ejercerán dichos cargos los Legisladores designados para el período anterior.
La Comisión contará con el personal administrativo y técnico que ambas Cámaras afecten a su funcionamiento. Los demás gastos que demande, se imputarán al presupuesto de la Cámara de Diputados.

ARTICULO 82º.- La Comisión estará investida de todas las facultades que ambas Cámaras deleguen en sus comisiones permanentes y especiales. Asimismo podrá requerir a los Poderes del Estado y al Tribunal de Cuentas de la Provincia, la remisión de los libros y documentos o cualquier otra información que sea considerada necesaria para el cumplimiento de su cometido.

ARTICULO 83º.- La Comisión tendrá a su cargo el examen de la Cuenta de Inversión, a los efectos previstos en el artículo 110º inciso 3 de la Constitución de la Provincia y el examen de las cuentas del Tribunal de Cuentas de la Provincia, conforme lo establecido por el artículo 30 de la Ley Nº 4621.

ARTICULO 84º.- La Comisión Bicameral deberá presentar a ambas Cámaras, antes de la iniciación de la primera sesión ordinaria del año siguiente a su recepción, un dictamen del estudio realizado sobre la Cuenta de Inversión presentada por el Poder Ejecutivo, correspondiente al último ejercicio fenecido. En su defecto, informará en igual plazo las razones que le hayan impedido cumplir con ese objetivo. En tal caso, la Legislatura podrá disponer su pronunciamiento en base al informe del Tribunal de Cuentas de la Provincia, que prescribe el artículo 24 inciso 10 de la Ley Nº 4621.
Si al clausurarse el tercer período ordinario de sesiones posterior a su presentación no existiera pronunciamiento de la Legislatura, la Cuenta de Inversión se considerará automáticamente aprobada.

ARTICULO 85º.- La falta de cumplimiento en tiempo y forma, en la remisión de la información a que están obligadas las Direcciones de Administración, los Servicios Administrativos Financieros o quienes hagan sus veces, conforme lo establecido por el artículo 78 de la presente Ley, dará lugar a las sanciones previstas en los incisos a), b) y c) del artículo 59 de la Ley Nº 3276, que serán aplicadas por la Contaduría General, la Subsecretaría de Finanzas Públicas o el Ministerio de Hacienda y Finanzas, respectivamente, y previo trámite de rigor que corresponda a la naturaleza y gravedad de la sanción que se estime pertinente.

TITULO VI
DEL SISTEMA DE CONTRATACIONES
ARTICULO 86º.- El Sistema de Contrataciones del Sector Público Provincial está constituido por el conjunto de principios, normas, Organismos, recursos y procedimientos, que serán de aplicación en el proceso de enajenación y adquisición de bienes, servicios; contratación de anteproyectos, proyectos, consultorías, locaciones, obras, concesiones de obras y servicios públicos, que realicen los organismos enumerados en el artículo 1º de la presente Ley con excepción de la relación de empleo público.

ARTICULO 87º.- No obstante lo prescripto por el artículo anterior, todo lo referente a Obras Públicas se regirá por la Ley y Reglamentación específica en la materia, siendo la normativa del presente Título de aplicación supletoria.

ARTICULO 88º.- El Sistema de Contrataciones del Sector Público Provincial se organizará en función de los criterios de centralización de las políticas, normas y procedimientos comunes a todas las Jurisdicciones y Entidades; y descentralización operativa de la gestión de contrataciones.

ARTICULO 89º.- La Reglamentación determinará la Unidad que tendrá a su cargo la centralización del dictado de las políticas, normas, procedimientos, métodos, información, control y evaluación del Sistema de Contrataciones, en el ámbito del Sector Público Provincial.

ARTICULO 90º.- Integran, además, el Sistema de Contrataciones, todas las unidades que lleven a cabo tareas relativas a contrataciones en cada una de las Jurisdicciones o Entidades del Sector Público Provincial, quienes serán responsables del cumplimiento de esta Ley, su reglamentación y las normas, políticas y procedimientos que se dicten en la materia.
Contaduría General, previo dictamen de su servicio jurídico permanente, deberá proceder a sistematizar en un cuerpo las normas citadas precedentemente, las que deberán estar formuladas conforme a principios científicos, lógicos de no contradicción, claridad conceptual, sencillez y precisión.

ARTICULO 91º.- Los Principios Generales a que deberán ajustarse las contrataciones, teniendo en cuenta las particularidades de cada uno de los procedimientos son:
a) Publicidad.
b) Igualdad de posibilidades para los oferentes.
c) Posibilitar la mayor concurrencia de proponentes, a efectos de promover la competencia y oposición.
d) Flexibilidad y transparencia en los procedimientos.
e) La defensa de los intereses de la comunidad y del Sector Público Provincial. f) La posibilidad de determinar la responsabilidad inherente a los agentes y funcionarios que intervengan.

ARTICULO 92º.- Toda enajenación y adquisición de bienes, y demás contratos realizados por la Provincia, se hará mediante Subasta o Licitación Pública.

ARTICULO 93º.- La Licitación Pública es el procedimiento administrativo de preparación de la voluntad contractual por el cual el Sector Público Provincial, en ejercicio de sus funciones administrativas, invita a los interesados mediante la publicidad pertinente para que, sujetándose a las bases fijadas en los pliegos de condiciones, formulen propuestas de entre las cuales seleccionará y aceptará la más ventajosa a los intereses del Estado Provincial.
La reglamentación a dictar por el Poder Ejecutivo podrá prever la solicitud de "mejora de precios u ofertas" a los oferentes que hayan cumplimentado con las condiciones del pliego de licitación respectivo; asimismo podrá contemplar condiciones especiales para la contratación de crédito público.

ARTICULO 94º.- La Subasta Pública consiste en la compra y venta de bienes en acto público, previa publicidad del llamado, sin limitación de concurrencia y al mejor postor.
Podrá recurrirse a Subasta Pública, en la venta de bienes y en toda otra contratación del Estado que la reglamentación determine en atención a su oportunidad, naturaleza o característica.
Tratándose de adquisición de bienes que se realice en Subasta Pública, el Poder Ejecutivo determinará en que casos y condiciones deberá establecerse previamente un precio máximo a pagar en la operación.
Cuando se disponga la subasta pública de bienes del Estado Provincial, deberá fijarse previamente un valor base que será estimado con intervención de los Organismos técnicos competentes.

ARTICULO 95º.- No obstante lo prescripto por el artículo 92 de esta Ley, en razón del monto y/o naturaleza específica o condiciones especiales de la operación, también podrá contratarse por:
a) Licitación Privada.
b) Concurso de Precios.
c) Contratación Directa.
d) Concurso de Méritos y Antecedentes.
e) Concurso de Proyectos Integrales.
f) Iniciativa Privada.

ARTICULO 96º.- Licitación Privada: Es el procedimiento de contratación en el que intervienen como oferentes sólo las personas o entidades expresamente invitadas por la Administración. La reglamentación fijará el límite según el monto, y demás condiciones para contratar mediante este procedimiento.

ARTICULO 97º.- Concurso de Precios: Es el procedimiento de selección mediante el cual se adquieren bienes normalizados o de características homogéneas, o se contraten servicios; que tengan un mercados permanente, conforme lo establezca la reglamentación y hasta el monto que fije la misma.

ARTICULO 98º.- Contratación Directa: Es un procedimiento por el cual el Estado Provincial elige directamente el contratista, sin concurrencia, puja u oposición de oferentes. No obstante lo indicado precedentemente, la reglamentación deberá establecer que, en determinadas situaciones, se efectúen dos (2) o más pedidos de cotización.
La Contratación Directa podrá adoptar las siguientes modalidades:
a) Contratación Directa con Precio Testigo: Cuando del estudio del mercado provincial, nacional y/o internacional, realizada por la Unidad designada al efecto por el Poder Ejecutivo, indique que el precio de un bien o servicio normalizado o de características homogéneas tienda hacia un valor estandar, se podrá contratar directamente su adquisición siempre que el precio convenido no exceda los valores de los precios mayoristas o minoristas de mercado, según corresponda. La reglamentación determinará el modo de obtener precios testigos.
b) Libre Elección por Negociación Directa: Podrá contratarse utilizando este procedimiento, sin perjuicio de aplicarse lo dispuesto en el inciso a) precedente, cuando así correspondiere, en los casos que por sus características especiales en cuanto a situaciones, objeto y sujetos intervinientes, la contratación encuadre en algunos de los siguientes supuestos:
1- Entre las Jurisdicciones y Entidades del Estado Provincial y con las correspondientes a la Nación, Provincias, Municipios o Entidades de Bien Público con Personería Jurídica.
2- Cuando los procedimientos de Subasta o Licitación Pública, Licitación Privada, Concurso de Precios, Concurso de Méritos y Antecedentes y Concurso de Proyectos Integrales, resultaren desiertos o no se presentaren ofertas válidas o admisibles o que las mismas no resulten convenientes a los intereses del Estado en cuanto a precio y/o calidad.
3- Para adquirir bienes o contratar servicios cuya fabricación, suministro o prestación sea exclusiva de quienes tengan privilegios para ello, o que solo pertenezcan a personas o entidades que tengan exclusividad para su venta, siempre que no puedan ser sustituidos por bienes o servicios similares. La marca de fábrica no constituirá causal de exclusividad, salvo que técnicamente se demuestre que no hay sustitutos convenientes.
4- Para adquirir, ejecutar, conservar o restaurar obras de arte, científicas o históricas, cuando deba recurrirse a personas de existencia visible o ideal especializadas en la materia y de probada competencia.
5- La adquisición de bienes que no se produzcan o suministren en el país y que convenga efectuarla por intermedio de Organismos Internacionales a los que esté vinculada la Nación, o la Provincia en particular.
6- La reparación de maquinarias, equipos, rodados o motores, cuyo desarme, traslado o examen previo resulte oneroso, en caso de adoptarse otro procedimiento de contratación. Esta excepción no rige para las reparaciones comunes de mantenimiento.
7- Cuando existan probadas razones de urgencia o de emergencias producidas por hechos humanos o de la naturaleza, no previsibles, que comprometan la vida, la integridad física, la salud, la seguridad de las personas, y demás funciones esenciales del Estado.
8- La venta de productos perecederos y los destinados al fomento económico o a la satisfacción de necesidades de orden social, siempre que se efectúen directamente a los usuarios o consumidores.
9- La adquisición de productos alimenticios y medicinales directamente a sus fabricantes.
10- La adquisición de productos perecederos en ferias, mercados de abasto o directamente a los productores.
11- Cuando exista notoria escasez de los bienes o servicios a adquirir en el mercado local, circunstancia que deberá ser probada en cada caso, por las oficinas técnicas competentes.
12- La compra de especies animales y vegetales cuando se trate de ejemplares únicos o sobresalientes.
13- Las contrataciones que se realicen en el marco de acuerdos intergubernamentales o con entidades estatales extranjeras que involucren un intercambio compensado, con productos producidos o fabricados en la Provincia con destino a la exportación.
14- Cuando se trate de bienes o servicios cuyos precios sean determinados por el Estado Nacional o Provincial.
c) Contratación Directa por Significación Económica: Se utilizará este procedimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios que, por su escaso monto, se ajuste a lo que establezca la reglamentación.

ARTICULO 99º.- Concurso de Méritos y Antecedentes: Es el procedimiento de contratación a través del cual se seleccionará, de entre los postulantes, a quien reuna la mayor capacidad técnica, científica, económico-financiera, cultural o artística para contratar con la Administración.

ARTICULO 100º.- Concursos de Proyectos Integrales: Este procedimiento será de aplicación cuando a la Administración Provincial no le resultara factible determinar detalladamente las especificaciones del objeto del contrato y desee obtener propuestas para satisfacer sus necesidades.
A efectos de la selección del proyecto, la Jurisdicción o Entidad contratante deberá cumplir los siguientes requisitos:
1- Realizar la selección del cocontratante en función, tanto de la conveniencia técnica de la propuesta, antecedentes del oferente y de su precio.
2- Especificar los factores que habrán de considerarse para la evaluación de las propuestas y determinar el coeficiente de ponderación relativo que se asignará a cada factor, y la forma de aplicarlos.

ARTICULO 101º.- Iniciativa Privada: Es el procedimiento de selección que se origina cuando cualquier persona de existencia visible o ideal privada efectúa una oferta voluntaria, para la locación de obras o contratación de bienes y servicios. La misma deberá contener los lineamientos generales que permitan su identificación y comprensión, así como la aptitud suficiente para demostrar la viabilidad jurídica, técnica, económica y financiera de la propuesta, conforme los requerimientos que en tal sentido establecerá la reglamentación.
En caso de que la autoridad competente considerara que la propuesta ofrecida es de interés público; previa evaluación y dictamen de los Organismos técnicos y jurídicos correspondientes y, en su caso, con las modificaciones que se consideren convenientes, el Poder Ejecutivo, mediante decreto en acuerdo de Ministros, aprobará la propuesta definitiva la que deberá presentarse en plazo no inferior de treinta (30) días.
Sobre la base de la propuesta aprobada, se invitará en forma pública, a formular nuevas ofertas. Solo podrán ser consideradas las propuestas que mejoren la inversión futura en un porcentaje superior al OCHO POR CIENTO (8%) y que el ahorro o beneficio en favor de la administración supere el CINCO POR CIENTO (5%) equivalente anual a la propuesta ya realizada, pero en todos los casos el proponente de la iniciativa tendrá derecho a igualar la mejor oferta. En este caso, se procederá a adjudicar al iniciador de la propuesta. Cuando por la naturaleza de la oferta no resultara factible evaluar las dos variables -inversión y ahorro- se deberá ponderar la variable correspondiente.
Los oferentes no tendrán derecho a reclamar del Estado Provincial indemnización alguna por los gastos en que pudieran haber incurrido durante la etapa previa a la adjudicación o aprobación de la propuesta definitiva.
Las disposiciones contendidas en la Ley 4639, en lo relativo al procedimiento de contratación por "Iniciativa Privada", serán de aplicación complementaria respecto de lo establecido en el presente artículo.

ARTICULO 102º.- La Unidad designada por el Poder Ejecutivo para la determinación del Precio Testigo, de conformidad a lo establecido por el artículo 98 inciso a) de la presente Ley, deberá intervenir en todas las contrataciones que se realicen mediante licitación pública, licitación privada, concurso de precio y contratación directa por libre elección por negociación directa, a efectos de la determinación del Presupuesto Oficial para las mismas. En caso de que ello no fuera posible, la Unidad deberá producir un informe fundado.

ARTICULO 103º.- Cuando se trate de contrataciones financiadas, total o parcialmente, con recursos provenientes de instituciones financieras internacionales, serán de aplicación las normas y procedimientos convenidos con aquellas.

ARTICULO 104º.- La reglamentación determinará las demás Condiciones, para cada uno de los procedimientos de contratación previstos en esta Ley, debiendo respetar los Principios Generales establecidos en el artículo 91 de la presente Ley.

ARTICULO 105º.- Las Autoridades Superiores de las Jurisdicciones y Entidades, determinarán los funcionarios competentes para autorizar, aprobar y adjudicar, en los distintos procedimientos de contratación previstos en esta Ley.

TITULO VII
DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LOS BIENES
ARTICULO 106º.- El Sistema de Administración de los Bienes se integra por el conjunto de principios, órganos, recursos, normas y procedimientos destinados a identificar, ingresar, registrar, conservar, mantener, proteger, reasignar, controlar y dar de baja a los bienes que integran el Patrimonio del Estado Provincial.

ARTICULO 107º.- Contaduría General será el órgano Rector del Sistema de Administración de los Bienes, que tendrá a su cargo el dictado de las normas, políticas y procedimientos para su administración.

ARTICULO 108º.- Integrarán el Sistema de Administración de los Bienes y serán responsables de cumplir con las disposiciones de esta Ley, su reglamentación y las normas técnicas que emita la Contaduría General en su carácter de órgano rector del sistema, todas las unidades que cumplan funciones patrimoniales en cada una de las Jurisdicciones y Entidades del Sector Público Provincial.

ARTICULO 109º.- El Patrimonio de la Provincia se integra con los bienes que por expresa disposición de Ley o por haber sido adquiridos por sus Organismos, son de propiedad provincial.

ARTICULO 110º.- La administración de los bienes de la Provincia estará a cargo de las Jurisdicciones o Entidades que los tengan asignados o los hayan adquiridos para su uso.
Las Autoridades Superiores de los Poderes del Estado Provincial y del Tribunal de Cuentas de la Provincia determinarán, en sus respectivos ámbitos, el Organismo que tendrá a su cargo la administración de los bienes en los siguientes casos:
a) Cuando no estén asignados a un servicio determinado.
b) Cuando cese dicha afectación.
c) En el caso de inmuebles, cuando quedaren sin uso o destino específico.

ARTICULO 111º.- Los bienes inmuebles de la Provincia no podrán enajenarse ni gravarse en forma alguna sin expresa disposición de Ley, la que al mismo tiempo deberá indicar el destino de su producido, en cuyo defecto, pasará a integrar el conjunto de recursos aplicados a financiar el Presupuesto General de la Administración Pública Provincial.

ARTICULO 112º.- Los bienes muebles deberán destinarse al uso o consumo para el que fueron adquiridos. Toda Transferencia posterior deberá formalizarse mediante acto administrativo de autoridad competente, conforme lo establezca la reglamentación.

ARTICULO 113º.- Tratándose de transferencias de bienes muebles efectuadas entre Organismos del Sector Público Provincial, quién los reciba deberá contar con el crédito presupuestario suficiente para ser afectado por el valor de dichos bienes.
Las Autoridades Superiores de los Poderes del Estado Provincial y del Tribunal de Cuentas de la Provincia podrán disponer, en sus respectivos ámbitos, excepciones a esta norma, mediante disposición expresa en cada oportunidad, en los siguientes casos:
a) Cuando por procesos de racionalización, fusión o supresión de oficinas, dependencias u Organismos sea conveniente dar distinto destino a los bienes, o su venta resulte antieconómica.
b) Cuando sea necesario asignar bienes en forma transitoria o temporaria, debiéndose establecer el plazo respectivo.
c) Cuando el monto de los bienes a transferir no supere el monto límite establecido para las contrataciones mediante el procedimiento de Concurso de Precios, por cada Organismo que reciba los bienes, durante el ejercicio financiero.
d) Cuando por la aplicación de la norma genérica, resulte un evidente perjuicio a los intereses provinciales o se planteen dificultades presupuestarias insalvables; debiéndose fundamentar expresamente tales circunstancias.
e) Cuando los bienes a transferir no presten utilidad o se logre a través de este medio un mejor aprovechamiento de los mismos.

ARTICULO 114º.- Podrán permuntarse bienes muebles entre Organismos del Estado Provincial, cuando el valor de los mismos sea equivalente. La valuación deberá ser establecida por Organismo técnico competente, quien además deberá pronunciarse sobre la calidad y características de los bienes a permutar.
Para la permuta se aplicarán las mismas disposiciones que para las compras o ventas de bienes.

ARTICULO 115º.- Podrán entregarse bienes muebles como parte de pago del precio de otros bienes, previo dictamen de la Fiscalía de Estado y en las condiciones que fije la reglamentación. A esos efectos, el Organismos técnico competente valuará el bien a entregarse.

ARTICULO 116º.- Competerá a las Autoridades Superiores de los Poderes del Estado Provincial y del Tribunal de Cuentas de la Provincia, o a los Funcionarios en quienes las mismas deleguen la facultad y a las de los Organismos especialmente autorizados por Ley, la aceptación de donaciones a favor de la Provincia.
Las donaciones con cargo serán aceptadas exclusivamente por las Autoridades Superiores de los Poderes del Estado Provincial y del Tribunal de Cuentas.

ARTICULO 117º.- Podrán transferirse bienes muebles sin cargo, entre Organismos del Estado Provincial o donarse a Organismos del Estado Nacional, Municipios o Entidades de Bien Público con personería jurídica, cuando los mismos hayan sido declarados fuera de uso y siempre que el valor de rezago de la totalidad de los bienes a transferir, no supere el monto límite establecido para el procedimiento de Contratación Directa por Significación Económica.
La declaración de fuera de uso y determinación del valor de rezago, deberán ser objeto de pronunciamiento por parte del Organismo técnico competente.
Corresponderá a las Autoridades Superiores de los Poderes del Estado Provincial y del Tribunal de Cuentas de la Provincia, o a los Funcionarios en quienes las mismas deleguen la facultad, disponer de los bienes conforme el mecanismo establecido en el presente artículo.

ARTICULO 118º.- Podrán asignarse bienes muebles en préstamo o uso temporario, a Organismos del Estado Provincial, Nacional o Municipal, en las condiciones que establezca la reglamentación.

ARTICULO 119º.- En concordancia con las normas establecidas en el Título V "Del Sistema de Contabilidad Gubernamental", todos los Bienes del Estado Provincial formarán parte del Inventario General de Bienes de la Provincia, el que deberá mantenerse actualizado.
El Poder Ejecutivo podrá disponer relevamientos totales o parciales de bienes, en las oportunidades que estime convenientes, sin perjuicio de los que en razón de sus funciones específicas pueda establecer la Contaduría General.

TITULO VIII
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
ARTICULO 120º.- El Sistema de Control Interno estará conformado con la Contaduría General como órgano normativo, de supervisión y coordinación; y por las unidades de auditoría interna creadas o a crearse en cada Jurisdicción y Entidad del Poder Ejecutivo Provincial.
Estas unidades de auditoría interna dependerán jerárquicamente de la autoridad superior de cada Jurisdicción o Entidad y actuarán coordinados técnicamente por la Contaduría General.

ARTICULO 121º.- En materia de competencia de la Contaduría General, sin perjuicio de las facultades previstas en la Constitución de la Provincia, el Control Interno de las Jurisdicciones que componen el Poder Ejecutivo Provincial, y los Organismos Descentralizados -autárquicos o no-, Instituciones de la Seguridad Social, Empresas y Sociedades del Estado que dependen del mismo; sus métodos, normas, políticas y procedimientos.

ARTICULO 122º.- Las Autoridades Superiores de las Jurisdicciones o Entidades dependientes del Poder Ejecutivo Provincial serán responsables del mantenimiento de un adecuado Sistema de Control Interno que incluirá:
a) Los instrumentos de control previo y posterior incorporados en el Plan de Organización y en los Reglamentos y Manuales de Procedimientos de cada Organismo.
b) La auditoría interna.

ARTICULO 123º.- La Auditoría Interna es un servicio a toda la organización y consiste en un examen posterior de las actividades financieras y administrativas de las Jurisdicciones y Entidades referenciadas en este Título, realizadas por los auditores integrantes de las Unidades de Auditoría Interna. Las funciones y actividades de los Auditores Internos deberán mantenerse desligadas de las operaciones sujetas a su control.

ARTICULO 124º.- El modelo de control que aplique y coordine la Contaduría General deberá ser integral e integrado, abarca los aspectos presupuestarios, económicos, financieros, patrimoniales, legales y de gestión, la evaluación de programas, proyectos y operaciones y estar fundado en criterios de economía, eficacia y eficiencia.

ARTICULO 125º.- Son funciones del Area Específica de Auditoría Interna de Contaduría General:
a) Dictar y aplicar normas de control interno;
b) Supervisar la aplicación, por parte de las Unidades correspondientes, de las normas a que se refiere el inciso precedente;
c) Realizar auditorías financieras, de legalidad y de gestión, así como también estudios referidos a la regularidad jurídica, de investigaciones especiales, pericias de carácter financiero o de otro tipo, así como orientar la evaluación de programas, proyectos y operaciones;
d) Controlar el cumplimiento de las normas contables que dicte, como órgano rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental, la Contaduría General;
e) Supervisar el adecuado funcionamiento del Sistema de Control Interno;
f) Establecer el perfil profesional que deberán poseer los integrantes de las Unidades de Auditoría Interna;
g) Aprobar los planes anuales de trabajo de las Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados;
h) Comprobar la puesta en práctica, por los Organismos controlados, de las observaciones y recomendaciones efectuadas por las Unidades de Auditoría Interna y acordadas con los respectivos responsables;
i) Atender los pedidos de asesoramiento que le formulen las autoridades de las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo Provincial, en materia de control y auditoría;
j) Formular directamente a los órganos comprendidos en el ámbito de su competencia, recomendaciones tendientes a asegurar el adecuado cumplimiento normativo y la correcta aplicación de las reglas de auditoría interna;
k) Poner en conocimiento de las Autoridades Superiores de la jurisdicción respectiva los actos u omisiones que hayan perjudicado o puedan perjudicar el Patrimonio del Estado Provincial.

ARTICULO 126º.- A efectos de ejercer el Control Interno, la Contaduría General tendrá acceso directo a todo tipo de documentación y registros referidos al ámbito de su competencia, en uso de las funciones que tiene establecidas y de las técnicas usuales de control. Para ello, todos los agentes y/o autoridades de las jurisdicciones y entidades dependientes del Poder Ejecutivo Provincial prestarán su colaboración, considerándose la conducta adversa como falta grave.

ARTICULO 127º.- La Contaduría General deberá informar:
a) Al Ministerio de Hacienda y Finanzas, sobre la gestión financiera y operativa de los Organismos comprendidos dentro del ámbito de su competencia;
b) Al Tribunal de Cuentas de la Provincia, sobre la gestión cumplida por los entes bajo su fiscalización, sin perjuicio de atender consultas y requerimientos específicos formulados por el Organo de Control Externo;
c) A la opinión pública, en forma periódica.

TITULO IX
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
ARTICULO 128º.- Las disposiciones de la presente Ley tendrán vigencia a partir de los treinta (30) días posteriores a su publicación en el Boletín Oficial.

ARTICULO 129º.- Dentro de los sesenta (60) días posteriores a la entrada en vigencia de la presente Ley, el Poder Ejecutivo dictará las normas reglamentarias de la misma.

TITULO X
DISPOSICIONES FINALES
ARTICULO 130º.- Sustitúyese el artículo 20º de la Ley Nº 4639, el que quedará redactado de la siguiente manera: "ARTICULO 20º.- Sobre la base del proyecto aprobado, se invitará en forma pública, a formular nuevas ofertas. Solo podrán ser considerados los proyectos que mejoren la inversión futura en un porcentaje superior al OCHO POR CIENTO (8%) y que el ahorro o beneficio en favor de la administración supere el CINCO POR CIENTO (5%) equivalente anual al proyecto ya realizado, pero en todos los casos el proponente de la iniciativa tendrá derecho a igualar la mejor oferta. En este caso, se procederá a adjudicar al iniciador del proyecto. Cuando por la naturaleza de la oferta no resultara factible evaluar las dos variables -inversión y ahorro- se deberá ponderar la variable correspondiente.
Los oferentes no tendrán derecho a reclamar del Estado Provincial indemnización alguna por los gastos en que pudieran haber incurrido durante la etapa previa a la adjudicación o aprobación del proyecto definitivo".

ARTICULO 131º.- Invítase a los Municipios de la Provincia a adherir a la presente Ley.

ARTICULO 132º.- Derógase a partir de la vigencia de la presente Ley, las siguientes disposiciones: Ley Nº 2453; Ley Nº 4178; Ley Nº 4727; Ley Nº 4890 y toda otra disposición que se oponga a la presente.

ARTICULO 133º.- Comuníquese, publíquese y ARCHIVESE.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA A LOS DIECISEIS DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO.

CPN MOISES BERNARDO YADON
Pte. Provisorio a/c de la Presidencia
Cámara de Senadores

Dr. LUIS EDUARDO SEGURA
Presidente
Cámara de Diputados

Dr. Luis Arturo Navarro
Secretario Parlamentario
Cámara de Senadores

Dr. Guillermo Antonio Altamirano
Secretario Parlamentario
Cámara de Diputados

NOTA: También Reglamentada por Decreto Acuerdo Nº 152/98 hasta tanto se dicte su Decreto Reglamentario, que establece su Reglamentación transitoria por el Decreto Acuerdo Nº 2175/80 y sus modificatorios.
Reglamentada por Decreto Acuerdo Nº 062/97.-

DECRETO ACUERDO Nº 907/98 - REGLAMENTO PARCIAL DE LA LEY 4938 -